Medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios

El pasado 27 de diciembre de 2012 fue publicada en el BOE la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, con la intención de favorecer la recuperación económica con la adopción de medidas que faciliten y eliminen obstáculos al desarrollo de la iniciativa empresarial en el sector del comercio reduciendo los trámites administrativos que son necesarios realizar para crear una empresa, y flexibilizar las aperturas eliminando los controles previos y sustituyendo las licencias municipales por las denominadas declaraciones responsables o comunicaciones previas.

Ahora bien, la citada ley será de aplicación para aquellas actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios enumerados en el anexo del mismo texto legal:

–  Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles.

– Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos permanentes.

– Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes.

–   Reparaciones.

–   Actividades anexas a los transportes.

–   Auxiliares financieros y de Seguros. Actividades Inmobiliarias.

–   Alquiler de bienes inmuebles.

–   Servicios profesionales.

Todos estos servicios deberán ser realizados a través de establecimientos permanentes situados en territorio nacional, cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 300 m2.

Para el inicio y desarrollo de las actividades mencionadas no podrá exigirse la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni de otras similares sujetas a la previa autorización del ejercicio de la actividad comercial, ni la realización de obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial que no requieran proyecto de obra (no se incluirán las obras de edificación – art. 3.4). Tampoco se exigirá licencia para los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios.

Para todos los casos anteriores en los que las licencias previas no puedan ser exigidas, estas serán sustituidas por declaración responsable o comunicación previa a la administración competente a efectos informativos, conforme a lo establecido en el art. 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común – LRJPAC.

La declaración responsable o la comunicación previa deberán contener una manifestación del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles conforme a la normativa vigente, y el declarante deberá estar en posesión de la documentación que lo acredite y del proyecto cuando corresponda oportunamente firmado por los técnicos competentes. Además, el declarante deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.

La presentación de la declaración responsable o comunicación previa, habilitará a partir de ese momento para el ejercicio material de la actividad comercial, pero no prejuzgará la situación y las condiciones del establecimiento de la normativa aplicable ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, que le estén atribuidas por el ordenamiento aplicable.

Para los casos en los que deban realizarse varias actuaciones relacionadas con la mima actividad o en el mismo local en que esta se desarrolla, las declaraciones responsables o comunicaciones previas, se tramitarán conjuntamente.

Para los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, que por exigencia de la normativa anterior, tuvieren pro finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones necesarias, se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud. Ahora bien, el interesado podrá con anterioridad a la resolución, optar por el desistimiento de la solicitud y regirse por la nueva normativa hasta los límites de aplicación de esta.

En la disposición final primera de la misma ley se contienen diversas modificaciones que ha sufrido el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en lo que al contenido analizado se refiere:

“El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición” (art. 100.1).

“En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha” (art.101.2).

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda” (art. 103.1).

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