Las claves de la reforma de la Administración Local

El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Administración Local que reduce el número de concejales con dedicación exclusiva fija sueldos máximos para los alcaldes en función del tamaño del muniicpio, entre otras medidas. Estas son las principales claves:

– La aplicación del principio “Una administración, una competencia” para evitar duplicidades.

– Se eliminan las “competencias impropias“, aquellas que desempeñaban los ayuntamientos y correspondían a otras administraciones.

– Se fija un periodo transitorio de cinco años para el cambio de titularidad de las competencias de sanidad y educación y de un año para los servicios sociales, que serán exclusivas de las comunidades autónomas.

– El sueldo de los miembros de las corporaciones locales se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, según la población del municipio y con el límite máximo de la nómina de los secretarios de Estado, entre 95.000 y 100.00 euros aproximadamente al año, para las ciudades con más de 500.000 habitantes.

– Los alcaldes de municipios con menos de mil habitantes no tendrán retribución.

– Los presidentes de las diputaciones tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencia, que será igual al del alcalde de la corporación más poblada de su provincia.

– La Ley de Presupuestos fijará también los límites de las retribuciones de los empleados públicos y de los directivos del sector público local.

– El 82% de los concejales no cobrará y solo tendrán dedicación exclusiva 12.188 de los 68.285 ediles que hay en España.

– Se reducirá el número de asesores municipales, que no serán más de 6.489.

– Fortalecimiento de los interventores locales, que dependerán del Estado, para dotarlos de mayor imparcialidad y garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.

– Las mancomunidades y entidades locales menores que no rindan cuentas en tres meses desaparecerán.

– A las diputaciones provinciales que no presenten las cuentas se les retendrán las participaciones en los ingresos del Estado.

– Los servicios municipales se someterán a un proceso de evaluación, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para conocer su coste real y comparar con el eficiente.

– Si el municipio no puede mantener el servicios y se trata de una competencia impropia, se debe suprimir. Si es un servicio mínimo, en los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes pasaría a las diputaciones provinciales. En el caso de los municipios con más de 20.000 habitantes, voluntariamente podrían decidir integrar el ejercicio de la competencia en la administración superior o si es una competencia duplicada acordar su delegación con la comunidad autónoma. Esta delegación de competencias no será inferior a cinco años e irá siempre acompañada de la financiación íntegra de la misma.

– Solo se podrán aceptar delegaciones o suscribir convenios con las comunidades si se firma una cláusula de garantía de cumplimiento, que permitirá a la Administración General del Estado poder retener transferencias a las comunidad morosa del sistema de financiación.

– No se podrán crear nuevos entes públicos locales, tendrán que sanear o disolver los existentes y se suprimen los que dependan a su vez de otras entidades.

– Se limita el uso de autorizaciones administrativas locales para iniciar una actividad y se suprimen monopolios heredados del pasado (mercados y lonjas).

– Se acuerdan mecanismos de garantía de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y, en el caso extremo, se prevé la intervención del municipio.

– Ahorro neto estimado de 7.129 millones de euros en el periodo 2013-2015: 2.232 millones por clarificación de competencias, 3.282 millones por eliminación de duplicidades, 1.397 millones de euros del sector público local, 73 millones de euros por mancomunidades y entidades locales menores y 145 millones de euros por eventuales y cargos electos.

Sin embargo, a la reforma todavía le queda largo camino por recorrer. Al menos, hasta después de verano no entrará en vigor la “reforma definitiva”. Esto es, tras la decisión del Consejo de Estado -al que ahora se eleva el texto-, el paquete de medidas se discutirá en el Congreso de los Diputados.

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